DERECHOS · SERVICIO MILITAR
Servir o morir
El servicio militar obligatorio en Cuba: trata de personas con un costo letal
Este expediente documenta el servicio militar obligatorio (SMO) en Cuba entre 1963 y 2023, descrito por la investigadora María C. Werlau, de Archivo Cuba / Free Society Project, como una forma de trata de personas con un costo letal. El propio informe advierte que el costo en vidas a lo largo de seis décadas «podría llegar a cientos, quizás miles» de muertes, adicionales a las de la guerra de Angola; sin cifras oficiales, Archivo Cuba solo ha podido documentar 54 muertes y desapariciones, un esfuerzo inicial, no un total. De esas 54 muertes documentadas, 4 corresponden a menores de edad. Por categoría, 19 se atribuyen a negligencia criminal o accidente, 14 a asesinato extrajudicial, 14 a suicidio, 2 a falta de atención médica, 2 a fusilamiento, 1 a desaparición forzada, 1 a muerte en un intento de salida por mar, y 1 sin causa informada. El expediente señala una discrepancia interna en la propia fuente: el resumen del informe declara 13 ejecuciones extrajudiciales, pero el listado nominal detalla 14 casos; el expediente muestra la lista completa. Entre los casos documentados, Francisco Fernández Galván, de 22 años, fue fusilado sin juicio en 1979 por expresar su oposición a la ideología comunista; el certificado de defunción citó otras causas, y el fiscal habría ofrecido dinero a la familia a cambio de su silencio. Alfredo Guerra Rivero, de 19 años, desapareció de su unidad militar en 2009 sin que su familia supiera nunca qué le ocurrió. El expediente reconstruye la arquitectura legal del servicio militar en nueve hitos a lo largo de 60 años. En 1963, la Ley 1.129 crea el SMO, con inscripción a los 15 años y obligación de servir desde esa edad. En 1964 se realiza el primer llamado, y ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya reportaba denuncias de reclutamiento de menores «en lugares inhóspitos e inadecuados». Entre 1965 y 1968, unos 30.000 hombres —objetores de conciencia, homosexuales, religiosos y otros calificados de «descarriados»— fueron enviados a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), campos de trabajo forzoso para «reeducarlos». En 1973, la Ley 1.255 extiende el servicio a tres años y crea el Ejército Juvenil del Trabajo. En 1974, el Decreto 3.732 permite encarcelar a los «negados» que se niegan a cumplir el servicio. En 1991 el servicio activo se reduce a dos años, y en 1994 la Ley 75 de la Defensa Nacional establece el marco vigente: servicio militar activo de dos años para varones de 17 a 28 años, reserva hasta los 45, y su cumplimiento como requisito para ingresar a la universidad. En 2019, la Constitución cubana prohíbe expresamente invocar la objeción de conciencia para evadir el servicio. Y en 2023, el nuevo Código Penal Militar impone hasta 5 años de prisión por intentar evadir el servicio y entre 6 meses y 2 años por autolesionarse o falsificar documentos médicos con ese fin; la Fiscalía Militar trata el suicidio como un intento de deserción, penado con más de 10 años. El expediente traza además una continuidad entre la guerra de Angola (1975-1991) y el reclutamiento reciente de cubanos para la guerra en Ucrania. En Angola, Cuba envió 377.033 militares y unos 50.000 civiles a lo largo de 16 años; se reportan oficialmente 2.085 militares y 204 civiles muertos, aunque los veteranos sostienen que la cifra real fue mayor. Angola pagaba a Cuba unos 1.000 dólares mensuales por soldado, mientras a cada soldado se le pagaban apenas 7 pesos cubanos, equivalentes a 0,71 dólares al mes; el expediente calcula que Cuba pudo haber ingresado entre 300 y 600 millones de dólares al año por este concepto, hasta unos 9.600 millones de dólares en total. Los caídos se enterraban donde morían, y solo al final de la guerra, en la «Operación Tributo» de diciembre de 1989, se realizaron entierros formales en los 169 municipios del país. En 2023, investigaciones de The Intercept y la Fundación para los Derechos Humanos identificaron 198 pasaportes de cubanos reclutados por Rusia para la guerra en Ucrania, con hasta 746 reclutas rastreados, de los que al menos 62 parecerían pertenecer a las fuerzas especiales rusas «Avispas Negras»; Rusia ofrecía a estos reclutas unos 26.000 dólares anuales y la residencia, frente a un salario medio cubano equivalente a apenas 204 dólares al año. El expediente reconoce limitaciones explícitas: es un «esfuerzo inicial», y la propia fuente cree que el costo real en vidas del servicio militar es de cientos o miles de casos, muy por encima de los 54 documentados; varias muertes clasificadas oficialmente como suicidio son cuestionadas por las familias, que reportan golpes o disparos múltiples; las cifras de reclutamiento en Ucrania provienen de filtraciones y organizaciones del exilio, no de registros oficiales; y, como en el resto de expedientes basados en Archivo Cuba, se trata de una fuente del exilio cubano con una tesis explícita de responsabilidad estatal, cuyas cifras no han podido contrastarse con registros oficiales, que permanecen cerrados.
Fuentes: Maria C. Werlau · Archivo Cuba / Free Society Project
Datos actualizados: 2026-07-05