REPRESIÓN · DERECHOS HUMANOS
La maquinaria de la represión
Observatorio de la represión en Cuba · foco abril–mayo 2026
Este expediente documenta la represión política en Cuba durante 2026, con foco en abril y mayo, a partir de los informes mensuales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y la base de datos de presos políticos de Prisoners Defenders. El propio OCDH advierte que sus cifras son un subregistro: no es posible documentar todos los actos represivos que ocurren en el país. Entre enero y mayo de 2026 se registraron al menos 1.596 acciones represivas. Mayo cerró con 332 acciones, de las cuales 55 fueron detenciones. La serie mensual muestra: enero, 390 acciones (42 detenciones, 348 otros abusos); febrero, 231 (31 detenciones, 200 otros abusos); marzo, 277 (sin desglose público entre detenciones y otros abusos); abril, 366 (27 detenciones, 339 otros abusos); y mayo, 332 (55 detenciones, 277 otros abusos). La serie anual muestra una tendencia irregular: 3.830 acciones represivas en 2023 (936 detenciones), 3.921 en 2024 (818 detenciones) y 3.179 en 2025 (529 detenciones). El expediente aclara que la caída de 2025 frente a 2024 se atribuye al vaciamiento demográfico del país por la emigración masiva, no a una disminución real de la represión. El acumulado de acciones represivas desde 2021 asciende a 26.200. El desglose por tipo de abuso en mayo de 2026 muestra 79 sitios policiales a viviendas, 58 abusos contra presos políticos y comunes, 55 detenciones arbitrarias, 43 interrupciones de comunicaciones, y una cifra estimada de 97 hostigamientos, amenazas y citaciones (calculada como residual del total tras restar las categorías con dato directo del OCDH). Las provincias señaladas como más afectadas en abril y mayo fueron La Habana (alta en ambos meses), Camagüey (alta en ambos), Villa Clara (alta en abril, media en mayo), Matanzas y Ciego de Ávila (media en ambos), y Las Tunas, Holguín y Granma (señaladas solo en mayo). Según Prisoners Defenders, el número de presos políticos alcanzó un récord de 1.281 al cierre de mayo de 2026 (28 más que el mes anterior), tras una serie mensual de 1.207 en enero, 1.214 en febrero y 1.260 en abril. Desde el 11 de julio de 2021 se contabilizan 2.076 personas encarceladas por motivos políticos en total. Del total de presos políticos, 147 son mujeres, 449 tienen patologías médicas graves, 52 padecen trastornos graves de salud mental sin tratamiento, y 34 fueron encarcelados siendo menores de edad. El expediente documenta 20 casos individuales. Entre los más relevantes: Jonathan David Muir Burgos, detenido a los 16 años tras las protestas de Morón en marzo y acusado de sabotaje, recluido en la cárcel de adultos de Canaleta durante 17 años hasta su excarcelación el 24 de junio, condicionada a no denunciar en redes sociales; Christian de Jesús Crespo Álvarez, otro adolescente detenido en las mismas protestas, que contrajo hepatitis en prisión y permanece en prisión provisional; Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, y su esposo Ángel Juan Moya Acosta, detenidos a inicios de mayo al salir de la sede de la organización; una ola represiva en Holguín que afectó a diez personas entre el 19 y el 22 de mayo; José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, excarcelado en enero pero que se niega a aceptar las condiciones impuestas a los liberados; Maykel «Osorbo» Castillo, del Movimiento San Isidro, que cumple nueve años de prisión desde 2021 y no ha podido recoger sus dos premios Grammy Latino; Onaikel Infante Abreu, activista habanero que cumple ocho años por una protesta pacífica y denuncia un cáncer de garganta sin tratamiento; y dos muertes bajo custodia estatal documentadas en el periodo: Lázaro García Ríos, fallecido el 22 de enero tras denuncias reiteradas de negación de atención médica, y Ernesto Brieva Sempé, preso desde las protestas del 11 de julio de 2021, fallecido el 13 de mayo por insuficiencia renal crónica a la que las autoridades le negaron hemodiálisis — la sexta muerte documentada de un preso del 11J desde 2023. Otros casos incluyen a Amanda y Lusmari Reyes Moreno, vecinas de San Miguel del Padrón detenidas tras protestas por más de 30 horas continuas de apagón; Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento de Oposición para una Nueva República y promotor de la campaña Cuba Decide, encarcelado en nueve ocasiones distintas por el régimen; y Daniel Maldonado, periodista colombiano retenido varias horas y expulsado del país con prohibición de reingreso. Metodológicamente, los datos combinan los informes mensuales del OCDH, la base de datos de Prisoners Defenders y cobertura de prensa independiente cubana. El expediente reconoce dos limitaciones: el subregistro que el propio OCDH admite, y una concentración de la cobertura periodística en zonas con prensa más activa, como La Habana y Santiago de Cuba, lo que puede subestimar la represión en otras provincias.
Fuentes: OCDH · Prisoners Defenders · prensa independiente cubana
Datos actualizados: 2026-06-30