REPRESIÓN · RACISMO ESTRUCTURAL
El racismo que el Estado niega
Represión racializada de defensores afrodescendientes en Cuba — y sus ecos históricos.
Este expediente documenta la represión racializada contra defensores de derechos humanos afrodescendientes en Cuba, a partir de un informe alternativo presentado en 2026 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil (el Comité Ciudadano por la Integración Racial, 4Métrica, Ciudadanía y Libertad, Cuido60, Iniciativa AC y Museo V). Según testimonios recogidos en el informe, el 57% de la población penitenciaria cubana sería afrodescendiente, frente a un 35% de la población total del país según referencias censales; si ambas cifras se confirman, implicarían una sobrerrepresentación de 1,6 veces en la cárcel respecto al peso poblacional. El expediente marca esta cifra explícitamente como testimonial, no documentada de forma independiente, ya que Cuba no publica datos raciales penitenciarios oficiales. A modo de comparación, en Estados Unidos la población negra representa un 13% de la población y un 37% de la población carcelaria —una sobrerrepresentación de 2,8 veces, esta sí documentada por fuentes oficiales como la Oficina de Estadísticas de Justicia, el Sentencing Project y Prison Policy Initiative, que registran que los hombres negros son encarcelados a una tasa unas 5 veces superior a la de los blancos. El expediente aclara que este tipo de comparación numérica no funciona para el apartheid sudafricano, donde la población negra representaba cerca del 79% del total: una mayoría oprimida por una minoría, para la que el factor de sobrerrepresentación penal daría un valor cercano a 1 pese a la brutalidad reconocida del sistema. Por eso, en el caso sudafricano, la comparación honesta no es el número sino el mecanismo de control: las llamadas «pass laws», que obligaban a la población negra a portar un documento interno (el «dompas») para circular, generaron más de 17 millones de detenciones entre 1921 y 1986, con picos de unas 250.000 detenciones anuales en la década de 1950, y desembocaron en la masacre de Sharpeville en 1960. El informe documenta cuatro mecanismos de represión racializada en Cuba, cada uno con su eco histórico. El primero es la restricción del movimiento, mediante la llamada «regulación migratoria»: el Estado declara «regulada» a una persona y le impide salir del país sin recurso legal ni respuesta administrativa, aislándola del escrutinio internacional; el informe lo compara con las pass laws del apartheid. El segundo es la criminalización discursiva: el Estado niega que exista racismo —sosteniendo que «se fue con la burguesía»— y tacha al activismo antirracista de mercenario o contrarrevolucionario, con campañas de difamación digital, en un eco de la propaganda segregacionista estadounidense y del mito del «superpredador» de los años noventa. El tercero es el castigo diferenciado por perfil racial: un testimonio recogido describe «tres horas de castigo para un afrodescendiente frente a dos para un activista blanco», en paralelo con la sentencia racializada documentada en Estados Unidos. El cuarto es la extensión del castigo a la familia y la comunidad, mediante asedio policial, represalias económicas y violencia vicaria contra madres y allegados de presos políticos, en un patrón de castigo colectivo. El expediente documenta dos casos individuales: Diubis Laurencio Tejeda, un joven afrodescendiente muerto a manos de fuerzas estatales durante las protestas del 11 de julio de 2021; y Duannis Dabel León Taboada, sentenciado a 14 años de prisión por sedición, cuya madre, Yeni Taboada, sufre represión vicaria con asedio, amenazas y agresiones a sus hijas. Se incluyen seis testimonios directos: Marthadela Tamayo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que documenta la regulación migratoria y refuta el relato oficial sobre el fin del racismo; Osvaldo Navarro, regulado desde 2019 sin poder viajar; Manuel Cuesta Morúa, activista antirracista, que señala la duración racializada del castigo; la propia Yeni Taboada, que relata su casa sitiada por patrullas y amenazas de muerte; Aymara Nieto, de la UNPACU y las Damas de Blanco, que tras siete años presa describe maltrato físico y dos años sin ver a su familia; y Eliezet Sesma, preso político, que detalla un régimen de máxima severidad ligado a su origen racial y a la pobreza. El expediente enmarca estos hallazgos en cinco artículos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): el artículo 2 sobre eliminación de la discriminación, el 4 sobre propaganda e incitación, el 5 sobre igualdad ante la ley, el 6 sobre recursos efectivos, y el 7 sobre participación sin discriminación. El informe añade una dimensión interseccional: más del 50% de las mujeres negras y mestizas serían víctimas de violencia de género, un punto donde racismo y sexismo se refuerzan mutuamente.
Fuentes: Informe alternativo CERD 2026 · CRD · 4Métrica · Ciudadanía y Libertad
Datos actualizados: 2026-06-30