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Cubalex denuncia la entrega de armas a funcionarios de prisiones a cambio de beneficios de condena
Un informe de la organización sostiene que el intercambio habría funcionado durante más de tres décadas en las cárceles cubanas y se basa en testimonios que abarcan 13 prisiones y campamentos de seis provincias, según Infobae.
Cubalex reunió testimonios sobre presuntos acuerdos en los que reclusos y familiares entregan armas de fuego a funcionarios para obtener rebajas de condena, traslados o cambios de régimen penitenciario, una práctica que el informe sitúa a lo largo de más de tres décadas, según Infobae. El mecanismo descrito consiste en que los familiares consiguen las armas en el mercado ilegal y las entregan, con la expectativa de que la persona privada de libertad reciba un beneficio que no le correspondería por el tiempo de condena o por las reglas vigentes.
La investigación se basó en las declaraciones de ocho ex prisioneros, un familiar y un antiguo reeducador penitenciario, y los relatos abarcan 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado distribuidos en seis provincias. La propia organización aclara que el material reunido no permite establecer cuántos reclusos han accedido a estos acuerdos: expone los testimonios como un patrón sostenido en el tiempo, no como una medición.
El informe cita el caso de 12 presos comunes con sanciones elevadas que habrían pasado de la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, a campamentos de menor severidad; una fuente interna entregó sus nombres a la organización en diciembre de 2024. Según el informe, esos acuerdos se hicieron con el teniente coronel Graisel La Rosa González, entonces jefe del Departamento Técnico Investigativo en ese penal. Se trata de una denuncia recogida en testimonios, no de un hecho probado judicialmente, y el reporte no la presenta como una medición nacional.
Las declaraciones recogidas atribuyen participación o conocimiento del proceso a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, al Departamento Técnico Investigativo, que después pasó a denominarse Policía Técnica Investigativa, y en ciertos casos a fiscales. Según los entrevistados, la información circula mediante reclusos que colaboran con los funcionarios, conocidos como «disciplinas», y mediante agentes que se presentarían como presos para identificar a quienes pudieran conocer la existencia de armas fuera de los penales.
El jurista y ex preso político Julio Ferrer Tamayo situó el comienzo de la práctica entre finales de 1992 y principios de 1993 y lo relacionó con el robo de un contenedor de pistolas Makarov en La Habana, armas reglamentarias del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, según el informe, habrían circulado después en el mercado informal. Eliober Sosa, ex reeducador en centros de Granma entre 1992 y 1999, ubicó el surgimiento de estos procedimientos alrededor de 1993 y 1994: «Lo que le interesa es el arma», declaró sobre el criterio que, según su testimonio, guiaba la concesión de determinados beneficios.
La progresión a un régimen de menor severidad, la reducción de sanciones, la libertad condicional, la licencia extrapenal y los traslados son beneficios previstos en la normativa penitenciaria cubana, vinculados por ley al tiempo cumplido, la conducta y otras condiciones. El informe sostiene que en los acuerdos denunciados esos requisitos podían quedar relegados frente a la entrega de un arma, y que algunos familiares describen la denegación de beneficios como una forma de presión. Un familiar entrevistado bajo anonimato indicó que los acuerdos no siempre se cumplen y que su carácter clandestino impide presentar cualquier reclamo formal.
Fuentes: Infobae
Datos actualizados: 2026-11-10T04:15:00.000Z