LIBERTAD DE PRENSA · ICLEP
El cerco a la palabra
Violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba — enero de 2026.
Este expediente documenta las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante enero de 2026, según el informe mensual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). En ese mes se registraron 114 agresiones, de las cuales 92 afectaron a la libertad de expresión y 22 a la libertad de prensa. El total subió un 12,9% frente a diciembre de 2025 (101 casos), y las violaciones a la libertad de expresión crecieron un 64,3% frente a enero de 2025, cuando se habían registrado 56. El 60,5% de las agresiones de enero —69 casos— fueron detenciones arbitrarias, casi siempre sin orden judicial, con un incremento interanual del 430,8% frente a las 13 registradas en enero de 2025. Le siguen los ataques, amenazas y agresiones psicológicas (23 casos, 20,2%, con un leve descenso frente a los 25 de un año antes), el uso abusivo del poder estatal (15 casos, 13,2%), las restricciones en el espacio digital (6 casos, 5,3%, un 50% más que el año anterior), las agresiones físicas (1 caso, 0,9%, frente a 6 el año anterior) y la reclusión, sin casos este mes frente a 3 el año anterior. Por perpetrador, la Seguridad del Estado participó en el 67% de los hechos (un 136,7% más que el año anterior, cuando fue el 30%), seguida de la Policía Nacional Revolucionaria con el 34,3% (240% más que el año anterior). También participaron el sistema judicial (7,1%), ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones (6,1%), el sistema penitenciario (5,1%), el Ministerio del Interior (2%), civiles actuando en nombre del Estado (1%), el Instituto Superior de Arte (1%) y grupos paramilitares (1%). El expediente aclara que la suma supera el 100% porque en muchos hechos actuaron varias entidades de forma coordinada. Entre las personas afectadas, el ICLEP identifica 23 activistas, 10 periodistas, 7 ciudadanos sin perfil público, 3 directores de medios, 2 religiosos y 2 artistas o creadores; además, un colectivo de unos 1.200 estudiantes preuniversitarios en Santiago de Cuba fue afectado sin que se determinara su distribución por género. Del resto de casos con género identificado, el 65,8% de las víctimas fueron hombres y el 34,2% mujeres. Geográficamente, La Habana concentró 52 de los 114 casos, seguida de Matanzas (16), Camagüey (12), Villa Clara (11), Santiago de Cuba y Holguín (6 cada una), Pinar del Río (4), Guantánamo (3), Artemisa y Granma (2 cada una); el resto de provincias no registró casos, y se documentó un caso adicional de naturaleza virtual, sin provincia asociada. El expediente reconstruye cuatro olas represivas durante el mes: el 3 de enero, coincidiendo con la operación de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la detención de Nicolás Maduro, se registró la primera ola en varias provincias, con detenciones, vigilancia domiciliaria y cortes de internet contra la sociedad civil crítica; el 5 y 6 de enero hubo un cerco domiciliario extrajudicial en Villa Clara contra Guillermo Bravo, José Elías González Agüero y Cecilio Félix Moreno, y acciones similares contra Miguel Ángel Herrera en Guantánamo; el 28 de enero se produjo uno de los operativos más amplios del mes, dirigido a impedir la asistencia de periodistas independientes a una recepción de la Embajada de Estados Unidos, con la interceptación de Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Berta Soler y Ángel Moya, junto con cortes de internet; y a fin de mes se documentaron tensiones adicionales con Washington: un interrogatorio a Ángel Moya con amenazas penales, el traslado del preso político Maykel Osorbo a un penal de Pinar del Río con retirada de sus medicamentos, y redadas contra jóvenes de la UNPACU en Santiago de Cuba. El expediente destaca el caso de Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien sufrió al menos tres detenciones arbitrarias en un mismo mes, con incomunicación, vigilancia y restricciones digitales; durante un periodo no figuró en los registros de detención, lo que generó temor de una desaparición forzada de corta duración. El expediente sitúa este panorama en el contexto del Índice de Libertad de Prensa 2026 de Reporters Without Borders (RSF), donde Cuba ocupa el puesto 160 de 180 países, el peor de toda América Latina. El expediente señala que la Constitución cubana declara que los medios de comunicación son propiedad del Estado, por lo que el periodismo independiente opera, de facto, en la clandestinidad.
Fuentes: ICLEP · Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa
Datos actualizados: 2026-06-30