ECONOMÍA · EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Auditar a los aliados
Evaluación crítica de la Propuesta para transformar la economía cubana
Auditar a los aliados es una evaluación crítica de la Propuesta para transformar la economía cubana, un documento de 118 páginas publicado en versión 1 el 20 de julio de 2026 por cinco economistas cubanos: Mauricio De Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro. La propuesta plantea una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho y organiza una primera fase de 3 años con 20 objetivos repartidos en 6 bloques: estabilización fiscal, monetaria, de precios y cambiaria; emergencia energética; agricultura y turismo; empresa privada, empresas estatales y GAESA; apertura comercial, inversión y reinserción financiera; y protección social, reforma laboral, administración pública y seguridad. Descansa sobre cuatro supuestos, tres de ellos declarados críticos: avance en la negociación con Estados Unidos, financiamiento internacional de emergencia y condiciones políticas internas para sustituir el modelo.
El punto de partida del expediente es una asimetría. El documento se publica firmado y es falsable: dice qué hacer, en qué orden y bajo qué supuestos. El Gobierno anuncia 176 medidas sin secuencia, sin cuadro fiscal y sin condiciones de reversión. Por eso la crítica que sigue es de aliado y busca endurecer el programa, no desacreditarlo. Empieza corrigiendo cuatro objeciones de una evaluación preliminar que no se sostienen: la medida 6.1 ya fija un horizonte de 24 a 36 meses para las plantas flotantes; la medida 9.3 ya define los aranceles agrícolas como temporales y decrecientes; el tope de 402 hectáreas equivale a 30 caballerías y no es acumulable entre modalidades; y la formulación sobre vacaciones fiscales de uno o dos años no aparece en el texto localizado.
El expediente reconoce seis aciertos del documento: exigir gobernanza antes de privatizar, proteger a los propietarios actuales descartando desalojos y restituciones, rechazar austeridad adicional porque el ajuste ya ocurrió de forma regresiva, incorporar GAESA al presupuesto civil y auditarlo, restaurar la libertad sindical con derecho de huelga, y crear un fondo nacional de activos públicos con gestión profesional temporal antes de cualquier venta.
Sobre esa base plantea tres objeciones. La primera es aritmética y no requiere fuente externa: el Anexo 1 del documento es internamente inconsistente. Dividiendo PIB nominal entre PIB per cápita se obtiene una población implícita de 11,018 millones; multiplicando densidad por superficie se obtienen 10,076 millones. La tabla declara 10,08 millones. La discrepancia es del 9,35 %, unas 942.000 personas, y se explica porque el anexo mezcla dos añadas estadísticas de la serie de población.
La segunda es demográfica. La Oficina Nacional de Estadística e Información presentó los datos de 2025 el 21 de julio de 2026, un día después de la fecha de cierre de la propuesta, de modo que el documento no pudo incorporarlos. La población efectiva quedó en 9.434.593 habitantes, 313.414 menos que en 2024, con un saldo migratorio externo de −245.264 personas, 68.064 nacimientos frente a 136.214 defunciones, una fecundidad global de 1,29 hijos por mujer frente al reemplazo de 2,1, un 26,7 % de población de 60 años o más y una edad mediana de 45 años. La población en edad laboral perdió 1.259.894 personas en cinco años, un 18,3 %. El documento usa la compatibilidad con las restricciones demográficas como criterio para priorizar turismo y agricultura, pero son los dos sectores más intensivos en trabajo poco calificado de la economía cubana: aplicado correctamente, el criterio lleva a priorizar productividad por trabajador. A esto se añade el efecto denominador: si la población cae y el numerador no varía, todo indicador per cápita mejora solo.
La tercera es de secuencia. De la comparación con Singapur, Corea del Sur, Costa Rica y Chile emerge una regla: la capacidad de verificación precedió a la liberalización del mecanismo correspondiente, y los dos casos que invirtieron ese orden —Chile con la banca en 1982, Corea con la cuenta de capital en 1997— pagaron una crisis. La propuesta cubana invierte ese orden en cuatro medidas: abre el mercado de tierras antes de construir catastro y registro de beneficiario real, libera precios antes de montar transferencias operativas, sube tipos de interés antes de auditar la banca y anuncia la fragmentación de GAESA antes de controlar sus activos. El expediente advierte además que comparar Cuba con esos cuatro países es seleccionar sobre la variable dependiente, y que Chile suele citarse al revés: la reducción de la pobreza del 38,6 % en 1990 al 6,5 % en 2022 la produjo el crecimiento en democracia más un aumento deliberado de impuestos, no la liberalización de los setenta, que dejó una inflación del 375 % en 1974 y una caída del PIB del 13 % en 1975.
Seis contrafactuales examinan qué ocurre si fallan los supuestos. El primero señala que los cuatro no son independientes, sino que están correlacionados, de modo que el escenario central del documento es en realidad el mejor de los escenarios. La valoración revisada baja la priorización sectorial de 7 a 5, la protección social de 6,5 a 5,5, la reproducibilidad de los datos de 4,5 a 4 y la viabilidad política de 3 a 2,5; como programa inmediatamente ejecutable pasa de 4 a 3,5, y como marco para debatir la transición se mantiene en 7. El expediente cierra con cinco exigencias: publicar el cuadro macro consolidado, publicar un programa alternativo sin alivio de sanciones, anteponer verificación a liberalización, construir un registro social antes de focalizar y corregir el Anexo 1. Nada de ello es un argumento contra la propuesta, sino a favor de que exista una versión 2.
Fuentes: ONEI · CEPAL · FMI · elTOQUE · EIU · Cuba Study Group
Datos actualizados: 2026-07-28