MEMORIA · CRÍMENES DE ESTADO
Asesinatos y masacres de Estado
Ejecuciones, hundimientos y muertes en huelga de hambre bajo el Estado cubano · 1959–2022
Este expediente documenta ejecuciones extrajudiciales, hundimientos deliberados y muertes en huelga de hambre en Cuba entre 1959 y 2022, según los informes de Archivo Cuba / Free Society Project, dentro de su Proyecto de Verdad y Memoria. El propio expediente advierte que todas las cifras son «al menos»: la fuente sostiene que las víctimas reales son muchas veces más numerosas que las documentadas, posiblemente cientos o miles más. Los datos se organizan en dos geografías de una misma política de control: el mar, para quienes intentaban salir del país, y la celda, para quienes protestaban encerrados. En el mar se documentan al menos 169 ejecuciones extrajudiciales en intentos de salida (cifra paraguas, no confirmada con certeza absoluta), 29 fusilamientos por pelotón documentados con certeza por intentar huir o rescatar a familiares, 24 desapariciones forzadas en salidas «ilegales», y 5 civiles asesinados buscando asilo en embajadas. En el cerco de la base naval de Guantánamo —descrito por la fuente como un «muro de agua»— se documentan 19 ejecuciones extrajudiciales, 6 muertes por minas terrestres y 3 desapariciones forzadas, todas con certeza. En la celda, se documentan 27 presos muertos en huelga de hambre de protesta, 14 de ellos presos políticos y 13 con condenas no estrictamente políticas. El expediente detalla ocho masacres marítimas con nombre propio. En 1962, la Masacre de Barlovento dejó 5 muertos de los 29 que iban a bordo del yate «Pretexto», delatado por un espía infiltrado; los 14 supervivientes fueron condenados a 20 años. En 1964, la familia Prendes —una madre y sus dos hijos de 3 y 5 años, más un amigo— murió acribillada a 5 millas de la costa buscando reunirse con el padre exiliado; ese mismo año, en Banes, 6 personas murieron al intentar salir por mar, entre ellas tres niños de 1, 4 y 5 años. En 1971, la balsa de la familia Lazo fue embestida y hundida pese a las súplicas de los padres; murieron la madre, devorada por tiburones, y tres niños cuyos restos nunca se hallaron. La masacre más letal documentada ocurrió en el río Canímar en 1980, con al menos 56 muertos (una cifra que el Estado ocultó y que varía entre fuentes): tres jóvenes secuestraron un barco turístico para huir, y el Estado respondió con lanchas patrulleras, un ataque aéreo que ametralló a los pasajeros pese a que los padres alzaban a los niños en el aire, y finalmente un bote industrial que embistió y hundió la nave, disparando contra los sobrevivientes en el agua; los cuerpos no fueron entregados y se prohibieron los funerales comunales. En 1994, el hundimiento del remolcador «13 de Marzo» dejó 37 muertos —entre 8 y 11 de ellos menores de edad, según versiones distintas de la propia fuente— cuando tres remolcadores estatales persiguieron a la embarcación, la atacaron con chorros de agua a presión que arrancaron a niños de los brazos de sus padres, y finalmente la embistieron y hundieron; ningún cuerpo fue devuelto a las familias. En 2011, en el caso de La Talía, 17 de 18 personas que salieron a bordo desaparecieron; solo se conocen tres nombres. Y en 2022, en Bahía Honda, la Guardia Costera embistió y hundió deliberadamente un bote con 28 civiles desarmados, matando a 7, incluida una niña de 2 años; los sobrevivientes denunciaron que las autoridades demoraron el rescate y los amenazaron para que callaran. El expediente identifica un patrón repetido en seis etapas: restricción legal de la salida (el Código Penal castiga salir sin permiso, ayudarlo o promoverlo), delación e infiltración de los planes de fuga, intercepción armada por guardafronteras o la Marina, uso de fuerza letal contra civiles desarmados, hundimiento deliberado de la embarcación, y silenciamiento posterior mediante la retención de cuerpos, la prohibición de funerales y las amenazas a los sobrevivientes. De los 29 fusilamientos documentados, el expediente detalla seis casos: tres hombres fusilados en 1961 tras un juicio de un día por un sabotaje sin pruebas; tres ministros protestantes fusilados en 1963 por salir «ilegalmente»; dos hombres fusilados el mismo año por infiltrarse para recoger a una novia; tres hombres fusilados en 1964 tras un juicio con publicidad deliberada «para crear terror»; tres Testigos de Jehová fusilados en 1981 por pedir asilo en la Nunciatura, pese a estar desarmados; y tres hombres fusilados en 2003, apenas nueve días después de secuestrar un transbordador sin herir a nadie, mientras esperaban la resolución de su apelación. Entre los 27 presos muertos en huelga de hambre, destacan Pedro Luis Boitel, líder estudiantil fallecido en 1972 tras una prolongación arbitraria de su condena, y Orlando Zapata Tamayo, cuya muerte en 2010 tras 82 días de huelga y la negación de agua durante 18 días tuvo repercusión internacional. El expediente compara el cerco cubano a la base de Guantánamo con el Muro de Berlín: mientras este último causó 235 muertes documentadas en 28 años (1961-1989), el cerco de Guantánamo lleva más de 60 años vigente y acumula 28 muertes y desapariciones documentadas, con la advertencia explícita de que el número real es muchas veces mayor. El expediente reconoce también la arquitectura legal detrás de estos hechos: el Código Penal cubano castiga la salida no autorizada con penas de 1 a 3 años, y el «tráfico de personas» con violencia o arma, con penas de hasta 30 años o cadena perpetua. El expediente reconoce limitaciones metodológicas explícitas: Archivo Cuba es una fuente del exilio cubano con una tesis explícita de sistematicidad, y sus cifras no han podido contrastarse con registros estatales, que permanecen cerrados; existen discrepancias internas de la propia fuente en el número exacto de menores del remolcador «13 de Marzo», y la cifra de Canímar varía entre «decenas» y «al menos 56» según el informe consultado.
Fuentes: Archivo Cuba / Free Society Project · Proyecto de Verdad y Memoria
Datos actualizados: 2026-07-05